Esta semana se conocía la noticia de que el servicio catalán de salud (CatSalut) debía pagar una indemnización de 350.000 euros a unos padres por la asistencia «deficiente» prestada a una embarazada. Los hechos ocurrieron en el Hospital Comarcal de I’Alt Penedès, ubicado en Vilafranca del Penedès, donde el equipo médico no informó a la paciente adecuadamente de la posibilidad de realizar pruebas adecuadas para detección del síndrome de Down, con el que finalmente nació su hija.

Según cuenta el Defensor del Paciente, entidad a la que acudieron los padres tras los hechos, el 20 de marzo de 2018, tras la provocación del parto por «incremento insuficiente del peso fetal», nació la niña. La sorpresa de los padres fue mayúscula cuando informan a los progenitores del síndrome de Down del bebé. «No habían sido informados con anterioridad nunca, todo lo contrario, les manifestaron que no había nada que temer y llegando a descartar pruebas que hubieran confirmado este diagnóstico, imposibilitándoles su derecho a decidir. La gestante, que tenía 35 años en el momento del embarazo, estuvo bajo seguimiento y control del CatSalut realizándole varias ecografías», explicaban.

Precisamente, esta asociación, que vela por los derechos de los pacientes, avisaba en su memoria de 2024, publicada el pasado mes de enero, que fueron 108 los bebés que nacieron en ese año con alguna discapacidad relacionada con partos llevados de forma «inadecuada» o con fórceps: «Les han causado secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial. Lo peor de este apartado es que, en gran parte de estos casos, los ginecólogos no informan a los padres durante el embarazo de las malformaciones del feto y luego muchos bebés fallecen a las pocas horas de nacer por ser incompatibles con la vida».

Reciben peticiones de todas las comunidades y precisamente una, a la que ha tenido acceso El Confidencial, cuenta la historia de un bebé que sufrió dos hipoxias que le provocaron daños cerebrales severos. «Queremos estudiar una posible denuncia por mala praxis médica, pues entendemos que se le practicó una cesárea con bastante retraso, ya que la madre estuvo en paritorio desatendida mucho tiempo. Recientemente, ha sido evaluado y tiene una discapacidad del 75%«, narra la familia denunciante.

Todas son evitables

Hace más de 23 años que Rafael Martín Bueno es abogado especializado en negligencias médicas. Sin embargo, hace unos diez que solo lleva estos casos relacionados con los partos. Decidió centrarse en la obstetricia porque «es imposible saber de todas las materias«.

Para comenzar, Martín insiste en la diferencia que hay entre una negligencia y las complicaciones: «La literatura médica establece complejidades y ocurren con independencia de la culpa del profesional. Cuanta más medicina sabes, más entiendes que la vida es suerte. Por ejemplo, me han consultado por un desprendimiento de placenta subclínico que no había dado la cara y eso es una puñetera desgracia, no una negligencia».

Sin embargo, recalca que «son todas evitables». «Cuando ocurre en el proceso de parto es porque el personal no ha estado pendiente de los monitores [método de diagnóstico con el que se comprueba el estado del bebé]. Suele ser por la noche, si son dos matronas para atender a 15 partos no llegan a todo o si necesitan al obstetra está haciendo otra cosa y no pueden sacar al niño de forma rápida», expone.

También describe cuándo se considera a nivel legal que cierta situación es una negligencia médica: «Si el daño se podría haber evitado. Las vueltas de cordón ocurren, pero se reflejan en las gráficas de monitorización, se alteran. Es el médico el que tiene que ver eso y confirmar el estado del bienestar fetal. Se hace simplemente cogiendo una muestra de sangre del feto, es algo muy básico y casi nunca lo hacen».

En ese caso que comenta, lo «correcto» sería sacar al niño. «Si hay quirófano disponible y el embarazo está a término, ¿qué ganamos con mantener al bebé dentro?», se pregunta. Según su experiencia, en la sanidad pública «pecan mucho» de evitar la cesárea, mientras que en la privada «ocurre lo contrario». Este periódico se ha puesto en contacto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) para hablar sobre la situación, sin recibir ninguna respuesta.

Por otro lado, el abogado destaca que la mayoría de casos que le llegan son de mujeres cuya gestación está a punto de llegar a término. «Son madres que están en el hospital. En muchas ocasiones, las matronas no han comunicado al ginecólogo las alteraciones del bebé, las subestiman», confiesa.

Consecuencias para los profesionales

Respecto a las consecuencias que tendría el profesional sanitario en caso de ganar el juicio por negligencia médica la parte afectada, Martín dice que al final «se van de rositas»: «Es un problema por diferentes motivos».

«Gran parte de los médicos tienen un seguro privado y la ley lo que establece es que si hay negligencia y culpa, la administración después de pagar debería recuperar ese dinero a través del seguro de ese facultativo. La realidad es que esto no se está haciendo. La mala praxis la cometen algunas personas, pero al final la pagamos entre todos«, concluye.